Política

OPINIÓN

Las doctrinas de guerra del “partido judicial” en la era Macri

Detención de varios funcionarios de la administración anterior y pedido de desafuero de la expresidenta Cristina Fernández. La avanzada del Poder Judicial y los intereses a los que responde Bonadio.

Fernando Rosso

@RossoFer

Jueves 7 de diciembre | Edición del día

El juez federal Claudio Bonadío desató un terremoto político al dictar el procesamiento y pedido de prisión preventiva de la expresidenta Cristina Fernández y varios de sus funcionarios por una medida de estricta naturaleza política: la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán en enero de 2013, en el marco de la causa por el atentado a la AMIA.

Algunos de los funcionarios y referentes kirchneristas fueron inmediatamente detenidos, en un nuevo abuso de la herramienta de la prisión preventiva y en el caso de la hoy senadora electa por la provincia de Buenos Aires, el juez elevó a la cámara alta el pedido de desafuero.

La acusación es por “traición a la patria”, presunto encubrimiento y obstrucción, entre otros delitos. Según la peculiar interpretación del juez, el pacto con Irán -que fue refrendado por el Congreso Nacional-, buscaba encubrir a los responsables del atentado a la mutual judía.

Bonadío compró “llave en mano” la endeble acusación que había realizado el fallecido fiscal Alberto Nisman y la recargó con su impronta y con nuevas fundamentaciones “teóricas” que parecen dictadas por las doctrinas de “guerras preventivas” emanadas del Departamento de Estado norteamericano y el Estado terrorista de Israel.

El fallo de 365 páginas parte de definir a los atentados a la AMIA (1994) y a la embajada de Israel (1992), como "actos de guerra", por lo cual la Argentina estaría en un estado de guerra virtual permanente con Irán. Incluso teoriza que de acuerdo a las novísimas doctrinas, no es necesaria una declaración formal para que la guerra tenga lugar. La figura de “traición a la patria” se desprende de esta desopilante interpretación sin sustento jurídico, ni político y carente de coherencia lógica.

La aprobación parlamentaria del acuerdo debería implicar, siempre según la doctrina sui generis de Bonadio, el juzgamiento (y detención) por los mismos cargos de todos los legisladores que apoyaron el Memorándum. Para “salvar” este pequeño inconveniente, el juez sentencia “que la mayoría de los diputados y senadores oficialistas citados a prestar declaración testimonial manifestaron que, para tomar una postura, contaron con los fundamentos del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional y las exposiciones realizadas en el plenario de Comisiones, sin tener conocimientos adicionales sobre el proceso de toma de decisiones y ulteriores objetivos perseguidos por el Poder Ejecutivo Nacional”. (el destacado es nuestro NdR). Según Bonadío fueron infantilmente engañados. Sin palabras.

La acusación se torna más floja de papeles cuando se constata que el Memorándum prácticamente no tuvo vigencia porque nunca fue refrendado por el parlamento de Irán. Por lo tanto, jamás se pudo crear la “Comisión de la Verdad” que se proponía tomarle declaración a los acusados iraníes, uno de los ejes del pacto.

Vale recordar que el famoso Memorándum, cuestionable políticamente pero no judicializable, fue impulsado como parte de un seguidismo del kirchnerismo a la política de la administración demócrata de EEUU, encabezada por Barack Obama que en ese momento tenía una política de acercamiento con Irán. Durante los diez años anteriores, el fiscal Nisman estuvo al frente de la unidad especial de investigación del atentado (UFI-AMIA), designado por Néstor Kirchner, en la que trabajó con el exjefe de Operaciones de la Secretaría del Inteligencia del Estado (SIDE), Jaime Stiuso e íntimamente relacionado con los servicios de inteligencia internacionales como la CIA estadounidense y el Mossad Israelí. Esa investigación impulsó la “pista iraní”, fabricada en base a informes altamente cuestionables y que derivó en la acusación contra funcionarios de ese país sobre los que pesaba el pedido de captura internacional (las famosas “alertas rojas”). Esa unidad fue la que descartó (y encubrió) la conexión local de los responsables del atentado. Es curioso que Bonadío (como antes Nisman) no encuentre ninguna “traición” en toda esta intromisión colonizadora de potencias internacionales sobre la investigación. Es un “patriota” bastante selectivo.

El giro y la avanzada impulsada por el juez pistolero se produce en llamativa sintonía con la política rabiosamente proisraelí de Donald Trump y un día después de que el pirómano que ocupa la Casa Blanca decidiera proclamar a Jerusalén como capital de Israel en abierto enfrentamiento con la causa palestina y cumpliendo los deseos del Estado sionista colonial.

La judicialización de una decisión política que tuvo incluso aval parlamentario, por parte de un representante de la casta privilegiada vitalicia y a la que nadie elige, implica un acto de leso bonapartismo judicial y un avasallamiento de los derechos democráticos elementales. Peor aún, si se lleva adelante violando todas las mínimas garantías procesales y al servicio de intereses de potencias imperiales.

Es más repudiable si viene de parte de un juez que fue separado de la causa AMIA, justamente por encubrimiento de sus jefes políticos: Carlos Menem y Carlos Corach.

Durante la jornada de este jueves, trascendieron diferentes versiones en relación a la ubicación del Gobierno de Mauricio Macri frente a los hechos. Algunos aseguraban que era funcional para tener una nueva bomba atómica de humo que permita encubrir el ajuste en curso y especialmente el saqueo a los jubilados que el macrismo pactó con los gobernadores. Otros corresponsales, informaban que había preocupación en la Casa Rosada por una presunta pasada de rosca de Bonadío.

Seguramente en ambos análisis hay aspectos de verdad. Lo que es innegable es que bajo la nueva orientación del macrismo y su relato represivo, tanto el “partido judicial” como las fuerzas de seguridad se sienten con aval y licencia para violar libertades democráticas elementales. Las consecuencias más graves están a la vista: dos crímenes de Estado (Santiago Maldonado y Rafael Nahuel), en el marco de un endurecimiento de la política represiva y la policialización del conflicto social. Y ahora, detenciones arbitrarias e ilegales pedidos de desafuero en el marco de la judicialización de la política, por parte de una institución que –como se demostró en Brasil- lejos está de la “imparcialidad” y la “independencia” porque responde a intereses de poderes internacionales donde se forman sus cuadros.

Un paso mínimo para el esclarecimiento del atentado a la AMIA sería la apertura de los archivos de la ex SIDE sobre la causa. Pero además, hay que rechazar este avasallamiento, las detenciones y la persecución contra la oposición y defender todas y cada una de las libertades democráticas conquistadas.








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